La nueva Ley de Alquileres (Nº 27.551) no generó un impacto positivo en el sector y es por eso que a poco más de un año de su vigencia, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio planean impulsar cambios para la normativa. Hasta el momento, las propuestas, que barajan dirigentes de uno y otro espacio, no fueron plasmadas en un nuevo proyecto y esto también ha provocado mayor incertidumbre en propietarios e inquilinos.

Perdieron por igual

En diálogo con LA GACETA, Fernando Guzmán, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Tucumán (CCIT), manifestó que la actual legislación “afectó por igual a inquilinos y propietarios” y eso evidenció aún más la problemática habitacional de la provincia.

“Atravesamos un año convulsionado a raíz de que empezaron a incrementarse los precios de manera notoria y se aplicó la exigencia de declarar el contrato”, dijo el titular del CCIT y remarcó que estos dos puntos fueron los que mayor impacto tuvieron en los nuevos valores, sin contar el proceso inflacionario de la economía nacional. Aunque la variación acumulada registrada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) sea del 41,8 %, los alquileres rondaron un 49 % de incremento. En relación a esto, vale recordar que a raíz del vencimiento del DNU que congelaba las tarifas, los contratos podían volver a actualizarse desde el 1 de abril pasado y las familias que habían acumulado deudas debían acordar planes de pago de hasta 12 cuotas para evitar desalojos.

En este nuevo contexto que estableció la ley Nº 27.551, Guzmán precisó que los alquileres crecieron de manera sostenida, pero también un importante número de propietarios decidieron retirar sus viviendas del mercado para venderlas o darles otra utilidad. “Tomaron esas decisiones porque era menos rentable tenerlas en alquiler. De acuerdo a una encuesta en la que trabajamos había un coeficiente del 2 al 5 % de viviendas que se retiraban del mercado”, enfatizó.

A pesar de la disminución de la oferta, el referente de los corredores inmobiliarios indicó que la demanda se mantuvo estable. “Hay mucha demanda y de hecho se alquila rápido en la provincia. Sí se registraron casos personas que dejan de alquilar en un lado, pero automáticamente buscan otra zonas más accesibles para sus posibilidades” exclamó Guzmán.

“El problema no es el alquiler ni el decreto de congelamiento sino que cada vez es más difícil el acceso a la vivienda. También hay que sumarle la falta de posibilidades de acceder a un crédito hipotecario y tampoco hay fomento para que las empresas constructoras construyan entonces cada vez hay menos vivienda para solucionar el déficit habitacional”, remarcó el titular del CCIT.

Tiempo para repensar

Consultado por las manifestaciones públicas que hicieron legisladores y funcionarios nacionales en relación a la necesidad de avanzar con cambios sobre la ley vigente, Guzmán cuestionó que los dirigentes realicen declaraciones antes que propuestas concretas. “De esta manera se genera mucha incertidumbre y la gente no sabe qué hacer”, sostuvo el referente. Y agregó: “Me parece bien que vean que la ley no fue buena y se haga una intervención. Yo creo que debería volverse a foja cero, a lo que era la vieja ley por seis meses y aprovechar ese tiempo para plantear verdaderos cambios de forma y lograr una normativa superadora”.

Si bien algunos especialistas consideran que la modificación de dos puntos claves como los plazos del contrato y la actualización de los montos serían suficientes para corregir la normativa, Guzmán insistió que los cambios deben ser profundos y además deben estar acompañados “de una batería de medidas que sirvan para atacar el problema de la falta de accesibilidad a la vivienda”.

¿Y los cambios?

A pesar de las posturas adoptadas por el oficialismo y la oposición en relación al tema aún no hay fechas definidas para el tratamiento legislativo del nuevo proyecto. También trascendieron versiones de que la actual ley vigente podría suspenderse por 180 días, pero aun no fue confirmado oficialmente.

Marcela Passo, una de las diputadas del Frente de Todos que impulsaría los cambios, indicó que los puntos clave a modificar son dos: la actualización de los alquileres, que hoy se hace una vez por año de acuerdo a un índice que combina 50% la variación de los salarios y 50% la inflación y la duración de los contratos, que se extendió de dos a tres años de plazo.

Por parte de Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo presentó el último viernes un proyecto que propone reducir los años de contrato y eliminar el índice de precios. De esta forma se volvería a los dos años de contrato y la definición del precio por parte del propietario.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) se expidió sobre el tema y resaltó que derogar la Ley de Alquileres supondría volver atrás en derechos adquiridos para la población inquilina. “Algunos aspectos de la ley pueden mejorarse. Pero el debate actual le atribuye problemas que en realidad tienen que ver con la falta de control en su implementación. Sin controles y sin protección, los inquilinos enfrentan un mercado marcadamente asimétrico, donde deben aceptar condiciones imposibles de cumplir cada vez para más hogares”, expresaron.